Quinto Aniversario de la pandemia Covid-19 en la Comunidad de Madrid. En memoria de las 7291 personas fallecidas en las residencias.

Por María Victoria Zunzunegui

El día 1 de abril de 2025 se celebró un acto en memoria de las 7291 personas que residían en las residencias de Madrid y que fallecieron marzo y abril de 2020 sin atención hospitalaria. Los asistentes llenaron la sala Ciudad de Úbeda en el Ateneo de Madrid y el acto comenzó a las 18:00 horas con la presentación del Dr. José Manuel Freire, vocal de Ciencias de la Salud del Ateneo.

Los ponentes invitados trataron la tragedia en las residencias de Madrid desde diferentes enfoques. La Dra. María Victoria Zunzunegui, miembro de la Comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid , demostró con datos oficiales la expansión comunitaria del virus Covid-19 durante enero y febrero de 2020 y la incompetencia de la Consejería de Sanidad de Madrid para prevenir la epidemia, la precaria situación de las residencias ya antes de la pandemia, la restricción de acceso a hospitales para los residentes que se inició el 7 de marzo, las defunciones de residentes que constituyeron el 43% de todas las defunciones ocurridas en Madrid en esos dos meses, los protocolos dela vergüenza ordenes administrativas que se enviaron a los hospitales y residencias entre el 18 y el 25 de marzo, la gran mortalidad en las residencias y la no utilización de medios alternativos: no medicalización de las residencias, hospitales privados, hospital de campaña IFEMA, colaboración de ONGs e incluso la orden enviada a la Atención Primaria de derivar las llamadas de auxilio de las residencias.

La periodista y subdirectora del periodo elDiario.es Raquel Pérez Ejerique estableció una serie de paralelismos entre las actuaciones del Gobierno de Díaz Ayuso en la gestión de las residencias durante la Covid-19 y del gobierno de Mazón en la actual gestión de la Dana. La ausencia física de los presidentes de los epicentros de ambas catástrofes, la falta de presencia física de los responsables en los lugares y los momentos de la tragedia, la incompetencia política y técnica de los miembros de ambos gobiernos, y la utilización de la tragedia como campaña publicitaria, presumiendo de excelente gestión y acusando al Gobierno central de ser los causantes de la tragedia. Estos argumentos fueron completados por una persona del público que agregó «….con total impunidad».

La moderadora del acto, la Sra. Maite Rodríguez, expuso la experiencia vivida por los miles de familiares que fueron manipulados a creer que en la residencia no ocurría nada, la falta de explicaciones y atención a las continuas llamadas, la imposibilidad de llevarse a los familiares al empezar a sospechar la gravedad de la situación, la imposibilidad de trasladarlos al hospital cuando ya se reconocía que estaban enfermos y las terribles llamadas comunicando la defunción, y las aberraciones en el manejo de los cadáveres.

Después habló la Sra. Diana Ruiz, técnico auxiliar de enfermería en el Hospital Doce de Octubre. Ella reflexionó sobre la situación actual de los cuidados cinco años después de la pandemia y expuso la situación actual en su hospital, la precariedad laboral y el deterioro de la calidad asistencial que es una consecuencia directa de la privatización progresiva de los servicios públicos, lo que la Administración pública llama externalización. Apoyó sus argumentos con la denuncia de los errores en la esterilización de material quirúrgico o la falta de material esencial en cajas que deberían estar completas, todo ello sin herramientas eficaces de control de calidad y con potencial perjuicio para el resultado quirúrgico.

Las presentaciones concluyeron con la disertación del exmagistrado del Tribunal Supremo, D. José Antonio Martín Pallín, prestigioso jurista y presidente de la Comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid . Recordó que esta Comisión se constituyó a petición de dos asociaciones de familiares —Marea de Residencias y Verdad y Justicia— con el objetivo de completar el trabajo iniciado por la Comisión parlamentaria de investigación en la Asamblea de Madrid, que fue interrumpida por las elecciones de 2021 y cuya continuidad fue siempre abortada por los parlamentarios del Partido Popular que apoya al Gobierno de Díaz Ayuso.

El Sr. Martín Pallín destacó la dificultad de aplicar las figuras delictivas de homicidio involuntario y omisión del debido socorro en cada caso particular de fallecimiento debido a la falta concluyente de pruebas para asegurar que una muerte concreta se podría haber evitado con una atención hospitalaria. Al mismo tiempo, explicó que la figura delictiva de discriminación en un servicio público por razones de discapacidad, figura que es central en la nueva macro causa de 109 familias, puede prosperar si se aplica un artículo 511 del código penal y auguró un éxito en los tribunales de justicia, aunque advirtiendo que el camino será largo. Recordó que, con los datos de la Comunidad de Madrid, la supervivencia de los residentes derivados al hospital fue de 65% y con un sencillo cálculo se llega a la conclusión de que alrededor de 4000 personas se podrían haber salvado si hubieran sido derivadas a hospitales.

Durante el debate, los asistentes aportaron mayores pruebas de lo ocurrido y reclamaron rendición de cuentas al gobierno de Madrid, conocer la verdad y obtener justicia. No hubo un triaje, hubo una serie de decisiones políticas que discriminaron a los residentes restringiendo su derecho a la atención hospitalaria y llevándolos a una muerte indigna, solo porque tenían algún grado de dependencia y no tenían un seguro privado. Es urgente y necesario reparar este daño para conseguir mejorar el sistema de cuidados residenciales para personas mayores